Tiempo de Prensa
Atrincherado y desafiando la intervención municipal, José “Pepe” Muratore, quien dirigió el Mercado San Miguel por más de tres décadas, presentó una medida cautelar que le permite continuar en el cargo. La decisión del Ejecutivo municipal enfrenta ahora un obstáculo judicial.
En declaraciones radiales, Muratore criticó la falta de notificación formal y defendió su acción judicial como un resguardo para las más de 700 familias que dependen del mercado. Aseguró que “si no se hacía la cautelar, estaban todos en la calle”, destacando el apoyo de numerosos puesteros.
Por su parte, el Ejecutivo local argumentó que la intervención responde a irregularidades administrativas durante la gestión de Muratore, exacerbadas tras el incendio ocurrido recientemente. Además, denunció la falta de controles de la Fundación San Miguel, permitiendo una gestión opaca y sin restricciones.
La disputa también encuentra eco en las denuncias de los propios trabajadores, quienes desde hace tiempo señalan irregularidades y falta de supervisión municipal. En ese sentido, semanas atrás, la concejala Agustina Álvarez Eichele (JxC) advirtió sobre abusos en la administración de mercados municipales, incluyendo cobros millonarios por contratos a largo plazo y la falta de transparencia en declaraciones juradas y seguros.
El conflicto judicial promete prolongarse, dejando al Mercado San Miguel en un escenario de incertidumbre mientras las partes continúan con sus acusaciones cruzadas.
